Ayudas fiscales y política social

La semana pasada se aprobó en primer trámite el proyecto de ley que consagra medidas de la agenda de Seguridad Económica del gobierno: la duplicación, de forma “extraordinaria” del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), la creación del Bolsillo Familiar Electrónico, y el incremento en 20% de la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar (SUF), que a su vez incluye la automatización en la entrega del SUF para los beneficiarios del 40% más vulnerable.

Dejando de lado la dudosa condición “extraordinaria” de la primera medida (el próximo año se sabrá si esta duplicación no termina siendo permanente), vale la pena destacar el avance en política social que podría implicar el paquete en discusión. En la creación del Bolsillo Familiar Electrónico destaca su focalización, tanto respecto de quienes lo reciben como respecto de su destino y forma. Entregar apoyo a quienes más lo necesitan es una poderosa arma contra la desigualdad, sobre todo si lo que se busca atenuar es el impacto en los más vulnerables (a su vez los más afectados) de la inflación de alimentos.

Dar apoyo a quienes más lo necesitan es una poderosa arma contra la desigualdad, pero implica un desafío para el aparato estatal.

La novedad adicional es haber elegido entregar dicho apoyo en una transferencia monetaria, muy similar a los tan criticados “vouchers”. Tal como señaló públicamente un ex ministro de Hacienda hace unos días, este tipo de instrumentos, dada su mayor eficiencia económica, su positivo efecto en la desigualdad, y la minimización del gasto administrativo, podría reemplazar a la fijación de precios existente en el transporte y energía, entre otros servicios.

En la misma línea, destaca la automatización en la entrega del SUF, ya que elimina la potencial burocracia que implica para las familias vulnerables contar con apoyo. Sin embargo, esto implica un desafío para el aparato estatal, que debe asegurar que cuenta con la información actualizada de quienes integran hogares pertenecientes al 40% más vulnerable.

Por ejemplo, la conformación de los hogares es altamente volátil, y la salida o entrada de un integrante puede hacer que hogares cambien de calificación. De tal modo de asegurar que los recursos llegan a quienes más lo necesitan, el Estado debe buscar y asegurar mecanismos para que la información con la que cuenta respecto de la ciudadanía, y donde no hay registros administrativos, esté debidamente actualizada.

A pesar de estos aspectos destacados, estas medidas carecen de herramientas que permitan generar ingresos permanentes a las familias más vulnerables, lo cual la actual administración debe fortalecer.